TRIBUNALES

Lucha contra el fraude

Anticorrupción investiga ya a UGT en varias comunidades


  • Cree que el desvío de fondos públicos para formación no se ha limitado a Andalucía


  • El presunto fraude asciende a 'decenas de millones de euros'


Cándido Méndez, secretario general de UGT.
Cándido Méndez, secretario general de UGT.
Sergio Barrenechea
EFE





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El sistema para ejecutar la formación en UGT vuelve a estar en entredicho. Tras los episodios de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción
ha decidido extender a varias comunidades la investigación sobre el
presunto desvío de fondos públicos de subvenciones finalistas para el
mantenimiento de las estructuras del sindicato.


El foco apunta a la ejecución y justificación de planes de
formación subvencionados a UGT en los últimos años. En el perímetro de
la investigación se engloba la actividad de los responsables del
sindicato, de su fundación IFES y de las filiales Formación 2020 y Localmur.

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Ventajas de facturar con empresas 'amigas'


La existencia de estas empresas directamente controladas por UGT y la concurrencia de empresas afines que, sin ser de su propiedad, dependen del negocio que éste les facilita para sobrevivir, permite prácticas cuando menos moralmente cuestionables. Por ejemplo, si IFES recibe una subvención para un curso que requiere el uso de ordenadores y los compra directamente, sólo podrá imputar el coste proporcional de su amortización según la normativa vigente. Este acto, además, deberá reflejarse en la contabilidad. Una vez amortizados estos equipos ya no puede volver a imputar costes por tal concepto. Sin embargo, si los equipos los compra, por ejemplo, Infastur -una de las empresas asturianas investigadas-, esta empresa puede facturar a IFES en concepto de alquiler de los mismos equipos tantas veces como quiera o se necesite. De esta forma, con las subvenciones públicas se paga por los mismos recursos un número casi ilimitado de veces. Ocurre lo mismo con locales comprados o alquilados.

Además se investiga a empresas afines o que son propiedad de
UGT y de sus dirigentes en varias comunidades autónomas, especialmente Asturias, País Vasco y Baleares, aunque también se han iniciado actuaciones en Extremadura y en Galicia.


Por último se han incluido otras empresas que, sin ser
propiedad del sindicato, han trabajado habitualmente para la
organización y se han beneficiado de cuantiosos contratos de
abastecimiento de bienes y servicios.


De momento, Anticorrupción ha cursado órdenes para que
fiscales de los tribunales de Justicia de diversas comunidades tomen
declaración a testigos y recaben documentación. El criterio de la
Fiscalía es coordinar las actuaciones desde Madrid y no abrir por ahora piezas separadas.


El origen del proceso parte de un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
que buscaba determinar si las supuestas irregularidades en Andalucía se
han reproducido en otras uniones regionales. Por este motivo, se están
revisando los procedimientos de aprobación de las justificaciones
presentadas, al existir la posibilidad de que algunas administraciones
hayan validado facturas y documentos acreditativos de pagos que, aunque
son correctos en la forma, podrían encubrir conceptos y gastos ajenos a
la realización de las actividades a las que iba destinada la
financiación con fondos públicos.


Fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido
acceso EL MUNDO cifran en «varias decenas de millones de euros» el monto
investigado, dada «la cuantía de los programas de formación y la
cantidad de años en que se desarrolló». También desgranan los aspectos
que podrían estar en entredicho, entre ellos «el uso de empresas y
fundaciones interpuestas»; «los conceptos facturados para justificar
ayudas» y «la presunta inclusión de nóminas y facturas por gastos que
podrían corresponder a los costes de funcionamiento del sindicato». Para
estos costes de funcionamiento cabe recordar que UGT ya percibe
subvenciones institucionales -4,2 millones en 2014 para su estructura
confederal, según recogen sus cuentas, y diferentes cantidades de cada
ejecutivo autonómico-. Y dispone de las cuotas de sus afiliados, que
sumaron 14,2 millones el último ejercicio.


Problemas económicos

Para evitar el riesgo de que prescriban los presuntos
delitos investigados, los fiscales de regiones donde ha habido
actuaciones han entrado ya de lleno en el asunto, entre ellos el fiscal Gabriel Bernal del Castillo
de Asturias, «poco amigo de dilatar las decisiones y que seguramente
hará imputaciones más pronto que tarde», cuentan estas mismas fuentes.


Como ha publicado este diario en numerosas ocasiones, es
práctica habitual de UGT recurrir a la creación de fundaciones y
empresas para ejecutar planes de formación y proyectos de investigación.



El sistema tiene varias ventajas. Por una parte, permite la
doble concurrencia al mercado de las ayudas públicas. Por otra parte,
facilita la justificación: las fundaciones y empresas facturan al
sindicato -cuando éste es beneficiario directo-; o se facturan entre sí
por conceptos como el alquiler de aulas y equipos que, en otro caso,
sólo podrían ser imputados como amortización.


En esta operativa, IFES ha sido uno de los principales
instrumentos para concurrir a convocatorias y gestionar subvenciones de
alcance nacional y autonómico. Su patronato está compuesto por
representantes de federaciones y uniones de UGT. En la actualidad, la
caída de las subvenciones en casi un 60% desde 2008 y una deficiente
gestión que ha dejado en 2014 pérdidas de 4,06 millones, le han llevado a
aplicar su segundo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
para el 78% de su plantilla, en vigor hasta el 31 de enero de 2016.


La situación se produce tras un primer ERTE en 2012 que se
saldó con una veintena de despidos a los que se aplicó la ortodoxia de
la reforma laboral -20 días y 12 mensualidades- que el sindicato dice
combatir. De hecho, UGT permitió que se despidiera a sus propios
delegados de personal en la fundación. Fue el caso de Asturias, La Rioja o Galicia, donde prescindieron incluso de una representante de su sección sindical.


Pero mientras el agujero económico y los problemas laborales
en IFES iban en aumento, sus dos empresas instrumentales, Formación
2020 y Localmur, obtenían beneficios de los sobrecostes facturados a su
principal accionista y matriz.


Formación 2020, dedicada a la intermediación para la compra
de material didáctico para los cursos, conseguía descuentos de las
editoriales de entre un 25% y un 40%, en algunos casos hasta el 60%. Eso
sí, a IFES le facturaba a precio unitario de mercado, con lo que el
margen queda en poder de la empresa y eludiendo cualquier control.
Localmur también tiene como principal cliente a IFES y está dedicada a
comprar y arrendar locales de formación a precios «manifiestamente
mejorables», así como a rescatar al sindicato en sus fiascos
inmobiliarios -en 2010 compró por 1,8 millones los bajos de una
promoción de UGT en Mallorca-.


Cuando hasta ahora habían saltado escándalos en torno a este
sistema, bien por informes demoledores de los tribunales de cuentas o
por acontecimientos judiciales, el sindicato y sus dirigentes han
insistido en que los programas «están revisados por las
administraciones» y que «han superado con éxito todas las auditorías».


«El problema es que estas auditorías no cruzan datos entre
diferentes programaciones. En muchos casos ni siquiera se comprueba la
concordancia entre los gastos imputados a un plan o proyecto concreto, y
el tratamiento de dichos gastos en la contabilidad oficial del
beneficiario de la subvención», refieren fuentes próximas a IFES. Además
consideran que, para evitar dobles facturaciones, «las administraciones
que reciben las justificaciones deberían sellar los originales de las
facturas y otros justificantes de gastos -las nóminas, por ejemplo- para
evitar su uso en la justificación de otra subvención». Sin embargo,
esto no siempre ocurre.



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